Los solicitantes de asilo mexicanos enfrentan largas esperas en Estados Unidos

Mexicanos que huyen de la violencia viven estancados en condiciones peligrosas en la frontera estadounidense

(El Paso, Texas, 23 de diciembre de 2019) – Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos han denegado la entrada al país a solicitantes de asilo mexicanos, exponiendo a miles, entre ellos familias enteras y menores de edad, a condiciones peligrosas en las ciudades fronterizas mexicanas, lo que supone una violación del derecho internacional de refugiados, señaló hoy Human Rights Watch.

Varias decenas de solicitantes de asilo mexicanos en Ciudad Juárez, México, dijeron a Human Rights Watch en noviembre de 2019 que habían sido rechazados después de intentar solicitar asilo en un puerto de entrada de EE. UU. Algunos llevaban meses esperando su turno en una lista manuscrita autoorganizada para establecer cuándo les tocaba presentarse en el puerto de entrada.

“El rechazo por parte del gobierno de Trump de los solicitantes de asilo mexicanos en la frontera supone un nuevo golpe bajo en su campaña por desmantelar las protecciones de aquellos que buscan asilo”, dijo Clara Long, investigadora principal del Programa de Estados Unidos en Human Rights Watch. “La prohibición del retorno de los refugiados al país del que huyen, incluidas las devoluciones en la frontera, constituye una obligación fundamental del derecho internacional”.

Human Rights Watch acompañó a 46 solicitantes de asilo mexicanos, más de la mitad de los cuales eran menores con sus padres, en su propósito de presentarse ante agentes de la CBP en el puente Paso del Norte entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Los agentes de la CBP insistieron una y otra vez a los solicitantes de asilo que el puerto de entrada estaba “demasiado lleno”. El 22 de noviembre, Human Rights Watch vio cómo agentes de la CBP rechazaron al menos a dos familias mexicanas y un adulto mexicano después de informar explícitamente a los agentes que huían de México y deseaban solicitar asilo en EE.UU.

Todos los países, independientemente de que hayan firmado o no la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, están obligados a respetar el principio del derecho internacional consuetudinario de no devolución: la obligación de los gobiernos de no devolver a una persona a un país donde esté en riesgo de ser sometido a persecución, tortura u otro trato cruel o inhumano.

En abril de 2018, funcionarios de inmigración de EE.UU. formalizaron una política de “medición” (metering), práctica consistente en permitir que solo un número limitado de solicitantes de asilo ingresen en los puertos de entrada cada día, aunque esto ya fue documentado por primera vez por observadores independientes a mediados de 2016. Las mediciones se aplicaban inicialmente a los solicitantes de asilo no mexicanos; la directiva de abril de 2018 sugería que la agencia entendía su obligación de no exponer a los solicitantes de asilo mexicanos a la amenaza de persecución en México al instruir a los funcionarios de la CBP a que “prestaran particular atención” a cualquier esfuerzo por parte de las autoridades mexicanas para evitar que los ciudadanos mexicanos que reclamaban temor al retorno entrasen en EE.UU.

Sin embargo, en los últimos meses, el gobierno ha comenzado a medir a los solicitantes de asilo mexicanos. Un estudio académico independiente contó a más de 11.000 en espera de ingresar a EE.UU. a través de la frontera terrestre en noviembre de 2019. El estudio estimó un total de 21.398 solicitantes de asilo de todas las nacionalidades esperando entrar en EE.UU. bajo el sistema de medición.

A mediados de noviembre, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó una quejaante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional con 18 ejemplos de familias e individuos de nacionalidad mexicana que habían solicitado asilo y que habían sido sometidos al sistema de mediciones en Ciudad Juárez y Matamoros, México. Una demanda colectiva pendiente desde 2017 desafía el uso de la medición por parte del gobierno como una violación del derecho estadounidense y las protecciones legales internacionales para aquellos que buscan asilo.

“Las familias mexicanas que representamos han estado acampadas en condiciones precarias en el puerto de entrada de EE.UU. durante meses tratando de buscar seguridad en EE.UU.”, dijo Tania Guerrero, abogada del proyecto de la Catholic Legal Immigration Network, un proveedor nacional de servicios jurídicos de inmigración. “Varias personas de las que estamos llevando a cabo un seguimiento finalmente han sido admitidas y han pasado una entrevista de evaluación que muestra que tienen una posibilidad significativa de que su solicitud de asilo sea aceptada en base a un temor fundado de sufrir persecución en México. La mayoría dice que no se sienten seguros durante sus meses de espera en Juárez”.

Las temperaturas nocturnas en Ciudad Juárez han caído recientemente bajo cero, mientras cientos de solicitantes de asilo mexicanos siguen esperando en tres puentes entre Ciudad Juárez y El Paso, según Edith Tapia, analista de investigación política del Hope Border Institute, una organización de derechos humanos con sede en El Paso. Los funcionarios de Juárez habrían presuntamente presionado a los inmigrantes que estaban acampados en los puentes para que se trasladasen a albergues, y amenazaron con su expulsión si no obedecían. Solicitantes de asilo mexicanos acampados en Ciudad Juárez recientemente declararon a El Paso Times que se niegan a recibir asistencia del gobierno porque no confían en el gobierno mexicano.

El Congreso de EE.UU. y los organismos federales de supervisión, así como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados deberían investigar con urgencia el trato que reciben los solicitantes de asilo mexicanos en la frontera por parte del gobierno de Trump, dijo Human Rights Watch. Las agencias fronterizas deben asegurarse de que tratan a los solicitantes de asilo de conformidad con las leyes estadounidenses e internacionales.

“Los funcionarios de EE.UU. están incumpliendo sus obligaciones bajo el derecho estadounidense e internacional de recibir a los solicitantes de asilo en la frontera que huyen de la persecución”, dijo Tapia. “Rechazar a los solicitantes de asilo mexicanos pone en peligro sus vidas”.

Casos de solicitantes de asilo mexicanos rechazados en la frontera con Estados Unidos:

El 22 de noviembre, soldados armados de la Guardia Nacional Mexicana y guardias de seguridad privados que trabajaban para el gobierno mexicano amenazaron con retirar físicamente del puente internacional a 18 solicitantes de asilo mexicanos que intentaban presentarse ante agentes de la CBP. Observadores de Human Rights Watch, el Hope Border Institute y la Catholic Legal Immigration Network también fueron amenazados con ser físicamente trasladados a México, cuando se pararon directamente frente a dos agentes de la CBP en la frontera internacional. Los agentes de la CBP inicialmente afirmaron que “no tenían control sobre lo que sucede en el lado mexicano” de la frontera. Después de que los solicitantes de asilo pasaron dos horas presionando su caso acompañados por observadores, los agentes de la CBP dijeron a las fuerzas mexicanas que aceptarían a los solicitantes de asilo y finalmente tomaron al grupo de 18 solicitantes de asilo bajo custodia para su procesamiento.
Los solicitantes de asilo mexicanos dijeron a Human Rights Watch que buscaban protección en EE.UU. para escapar de severos daños.

“Beatriz B.”, de 37 años, dijo a Human Rights Watch que huyó del estado mexicano de Zacatecas con dos hijos adolescentes después de que unos hombres que según ella pertenecían a un cartel de drogas secuestraron a uno de sus hijos. Cuando exigieron un rescate por él, los miembros del cartel le dijeron a Beatriz que “le cortarían la cabeza y le enviarían una foto”. Ella dijo que siguió recibiendo amenazas de los secuestradores después de pagar el rescate y huir a otro estado mexicano con sus hijos. Entonces decidió huir a EE.UU. Antes de su reunión con Human Rights Watch, ella y sus hijos se habían presentado ante las autoridades estadounidenses, pero les instruyeron que debían “seguir el proceso” y esperar.

“Gabriela G.”, de 26 años, había huido del estado de Guerrero con su hijo de 9 años para buscar protección en EE.UU. de un esposo abusivo que había golpeado a sus hijos y había amenazado con matarla. Anteriormente había huido a otro estado en México con el niño de 9 años y su hermano de 10 años, pero su esposo la había perseguido hasta allí y se había llevado al hijo mayor al estado de Guerrero. Gabriela le dijo a Human Rights Watch que temía que su esposo la encontrara esperando en la frontera y se llevara a su otro hijo.

“Manuel M.”, de 31 años, dijo a Human Rights Watch que viajaba con su esposa y sus cinco hijos después de que un cartel lo hubiera reclutado por la fuerza en Guerrero. Dijo que él y su familia fueron secuestrados en 2017 durante tres días en Guerrero por miembros del cartel. Su familia luego se mudó a un estado del norte de México, donde permanecieron durante dos años. Dijo que decidió irse después de que su familia empezó a notar vehículos misteriosos patrullando su vecindario y que sus vecinos les dijeron que unos hombres desconocidos habían preguntado por sus hijas. En el momento de la reunión con Human Rights Watch, llevaban nueve semanas esperando para poder pedir asilo en EE.UU.

“Eduardo N.”, de 25 años, dijo que “le iba muy bien en Guerrero” trabajando para la empresa familiar de su esposa. Sin embargo, esto cambió después de que el cartel matara a un miembro de la familia por negarse a pagar una tarifa extorsiva a la organización criminal. Después de que un miembro del cártel lo amenazó directamente por la misma suma, huyó con su familia a un estado del centro-sur de México, donde vivió durante seis meses y trabajó en un gran almacén. Él y su esposa decidieron abandonar el estado inmediatamente después de que alguien en su nuevo vecindario afiliado al cartel de Guerrero los reconoció. “Huimos de la violencia, pero aquí es peor”, dijo sobre su espera de casi dos meses en el campamento de carpas en Juárez donde vive con su esposa y su hija pequeña.

Algunos solicitantes de asilo mexicanos que cruzaron a EE.UU. en El Paso parecen haber sido incluidos en un programa piloto de la CBP para acelerar la evaluación de asilo cuando se encuentran bajo custodia de la CBP. El programa, conocido como el “Proceso de revisión de asilo humanitario” (HARP, por sus siglas en inglés), mantiene a los solicitantes de asilo efectivamente incomunicados mientras pasan por una apresurada entrevista para examinar su “miedo creíble” y, en caso de ser rechazados, deben seguir esperando a una revisión telefónica por parte de un juez de inmigración. A principios de diciembre, la ACLU presentó una demanda para acabar con HARP y un programa relacionado por violaciones del debido proceso y acceso a un abogado. Human Rights Watch ha documentado anteriormente graves riesgos de devolución en el proceso de “expulsión acelerada” que se utiliza en el programa HARP, incluso en el contexto de su uso en la detención de Inmigración y Control de Aduanas, donde el acceso a un abogado es marginalmente mejor.