En las ciudades colombianas ubicadas en la frontera venezolana, las mujeres que venden café o dulces en los semáforos con sus hijos en las aceras son algo común. Muchas de ellas han emigrado de Venezuela, el éxodo más grande en la historia reciente de América Latina. Más de 4 millones de venezolanos [1] han huido de las terribles condiciones económicas del país, la inseguridad, la falta de alimentos, medicamentos y servicios esenciales.[2]
“Cuando trabajo, hay personas que son agresivas solo con palabras … Me siento mal”, dice Yenifer Guidice Naveda, una inmigrante venezolana de 19 años que vende café en la ciudad de Entre Ríos, La Guajira.
Yenifer llegó a Colombia en julio de 2018 con su esposo y sus dos hijos, viviendo en el apartamento de un hombre. “El señor comenzó a ser irrespetuoso, ofreciéndome dinero para estar con él … Entonces, un día, intentó algo más”. Naveda dijo que no, que la tocó de todos modos. La familia se mudó a otra casa, pero nunca presentó una queja.
“Las mujeres [migrantes] son vulnerables debido a su género”, explica Thailer Fiorillo, abogada venezolana y líder de la Fundación ¡De Pana, que sí! que apoya y brinda asesoramiento legal a los migrantes. “A menudo son engañadas … Muchas de estas mujeres terminan como trabajadoras sexuales … También hay acoso laboral y acoso sexual. El problema es que piensan que serán deportadas si se presentan a quejarse … pero no tener documentación no significa que no tengan derechos”.
Más de 1,260,000 venezolanos viven en Colombia, país que ha recibido a los migrantes con los brazos abiertos presentando programas de apoyo, tarjetas de movilidad fronterizas y un permiso especial de trabajo conocido como Permiso Especial de Permanencia (PEP) que ha permitido a miles de migrantes quedarse y trabajar legalmente en Colombia.
Unos 770,975 venezolanos están legalmente,[3] mientras que otros 489,619 tienen ‘estado migratorio irregular (que solo pueden acceder a servicios de protección y atención de urgencia y particularmente vulnerables a la explotación laboral, trata de personas, etc.)’, según el último informe del Gobierno colombiano.[4]
Para ayudar a las mujeres migrantes vulnerables, en 2018 ONU Mujeres comenzó intervenciones en diferentes ciudades costeras de Colombia, comenzando con el departamento de La Guajira y continuando hacia Barranquilla y finalmente Cartagena, donde el tráfico y la explotación sexual están en aumento. Estas intervenciones proporcionaron asistencia de emergencia, información sobre servicios para sobrevivientes de violencia de género y explotación sexual y proveedores de servicios sensibilizados.
“La demanda supera nuestra capacidad de respuesta”, dice Ernestida Peñaranda Pérez, funcionaria del Hospital Nuestra Señora de los Remedios en Riohacha. Por ejemplo, piden “que incluyamos control de peso y altura para los niños venezolanos registrados, cuyo número es de alrededor de 1,000 niños. Tendríamos que contratar personal nuevo y obtener nuevos recursos, y no tenemos presupuesto para eso. Lo mismo ocurre con la atención y el seguimiento de las mujeres embarazadas … Necesitamos otra solución para que las instituciones de salud no se vean tan afectadas”.
Candelaria Martínez, funcionaria de Asuntos de la Mujer y el Género de la Defensoría del Pueblo en La Guajira y participante del proyecto ONU Mujeres, explica que los “funcionarios colombianos tienen poca capacitación sobre cómo atender las necesidades de los migrantes” y algunos desconocen que la ley colombiana obliga a los funcionarios públicos proteger los derechos de las mujeres, independientemente de su estado migratorio. Ella sensibiliza a los servidores públicos y proveedores de servicios sobre los derechos de los migrantes.
ONU Mujeres también ha desarrollado folletos y productos informativos sobre cómo las mujeres migrantes pueden acceder a los servicios sociales, desde asistencia médica hasta asistencia legal para sobrevivientes de violencia de género.
Existen varias organizaciones de base en Colombia que han surgido para apoyar e informar a los migrantes que utilizan estos productos. Rosarged López González, una maestra de ciencias de Venezuela que se encontró vendiendo galletas para sobrevivir en Cartagena, es una de ellas.
“He estado en necesidad; He experimentado lo que es ser una mujer migrante y por eso, sigo trabajando por los derechos de las mujeres migrantes”, dice ella.
“Cuando llegas, te sientes sola. Es por eso por lo que decidí crear una red en redes sociales para apoyar a las personas”, dice Zuneyka Dhisnays González, creadora de la red de Venezolanos Unidos en Quilla, donde informa y guía a sus compatriotas.
Después de un primer conjunto de intervenciones financiadas por el Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la ONU en 2018, este año ONU Mujeres comenzó a implementar un proyecto financiado por USAID.
“El proyecto está mejorando la gestión del registro de información para mujeres y niñas para ayudar a diseñar programas de atención y salud más efectivos, proporcionando planes locales de respuesta rápida para la violencia de género y la explotación sexual, y sensibilizando a las personas sobre los derechos de las mujeres migrantes”, explica la Representante de ONU Mujeres en Colombia, Ana Güezmes García.
El proyecto, ahora activo en las ciudades de Maicao, Barranquilla, Soledad y Cartagena, es parte de la respuesta del sistema de la ONU en Colombia y también ha facilitado los diálogos entre los movimientos de mujeres venezolanas y colombianas.
Notas
[1] Según la Plataforma de Coordinación para Migrantes y Refugiados Venezolanos (R4V), 6 de junio de 2019. https://r4v.info/es/situations/platform [2] ACNUR (2019). “Situación en Venezuela” https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html [3] ACNUDH (2019). “Refugiados y Migrantes de Venezuela” Portal Operacional: Situaciones de Refugiados y Migrantes. 12 de febrero.. https://r4v.info/es/situations/platform [4] Radiografía de los Venezolanos en Colombia (2019). Migración Colombia. 31 de marzo. https://www.eltiempo.com/uploads/files/2019/05/02/RADIOGRAFIA%20VENEZOLANOS%20EN%20COLOMBIA%20MARZO%202019.pdf